aprobación del resto de miembros del clan de acogida, y la consiguiente fiesta de bienvenida al nuevo miembro hermanado.
Pero, de no desear nuevas incorporaciones, se le puede preguntar por lo que pasó en 1704, o cualquier otra imbecilidad de tintes xenofobos, a fin de que desaparezca de nuestras narices, y se valla con viento fresco a otro lugar.
En esta ocasión, no he podido retener cierta violencia intelectual ante dicha noticia (clickar en el link "imbecilidad de tintes xenofobos", del parrafo anterior, si queréis ver la noticia de "El País" al completo), así que mejor os dejo con un recorta y pega de lo publicado:
"El 20 de julio, AESCO interpuso una denuncia contra el juez Celemín por sus métodos y retrasos. "Los doce casos de Getafe que estamos siguiendo están pendientes de resolución. En todos ellos hay, cuando menos, un retraso burocrático respecto a la media", dice Rois, de AESCO, que critica lo arbitrario del asunto: "En los países donde hay que pasar un examen para obtener la ciudadanía éste está reglado. Uno no se presenta a una oposición sin conocer el temario. Es necesario conocer las reglas del juego. Este juez lo mismo pregunta la receta de la tortilla española (como de hecho ha sucedido) como por los poetas de posguerra". "Además", prosigue, "para ver el grado de integración de una persona se deben pedir requisitos objetivos. Contratos de trabajo, si pertenece a organizaciones sociales... Desde luego no se comprueba preguntando que pasó en 1802 o en 1605. Uno no es más español por saber eso".
"El problema no son las preguntas", dice Gustavo Fajardo, abogado de AESCO. "Preguntar por la reina Isabel La Católica no es ilegal. En derecho hablamos de preguntas 'pertinentes'. Lo que se quiere con las preguntas es comprobar si la persona ha echado raíces en España, y las raíces se echan en el sitio en el que está uno, no en el de la cultura, la ciencia o la tecnología. No parece que el juez vaya a comprobar las raíces de una señora que está trabajando en una cocina de ocho a seis con preguntas de bachillerato o de acceso a la universidad", dice Fajardo, que pone un ejemplo: "Los ayuntamientos hacen informes de arraigo social, y ya está establecido que el arraigo se mide por: 1.El trabajo. 2. Si la persona está afiliada a la Seguridad Social. 3. Si sus hijos están escolarizados y van al médico cuando enferman. 5. Si dispone de abono de transporte (lo que demuestra que se mueve). 6. Si tiene tiene el piso asegurado a terceros. Es decir, si su vida cotidiana es igual a la de un ciudadano de a pie y no a un científico de la NASA".
Y continúa: "Arraigo social es que la persona sepa qué medios de transporte hay en una localidad, sus normas de conducta, que no puede orinar en la calle. En fin, normas corrientes. Lo que hace este juez es una desconsideración", añade, indignado. "Se mofa. Los inmigrantes nos hablan de la manera socarrona en que se ríe con las respuestas. Mofarse de la alegada ignorancia de la persona es sancionable, por eso le hemos denunciado". Al margen de la denuncia presentada por AESCO, hasta el CGPJ ha llegado una queja de un particular que desaprueba los métodos de Celemín. La queja está en el servicio de inspección de la institución. Si prospera, llegará a la comisión disciplinaria. Mientras tanto, y ante la falta de un temario al que encomendarse, los inmigrantes que residen en Getafe siguen pasándose unos a otros ejemplos de las preguntas del juez, como este: "¿En qué consistió la Revolución de 1868? A. Fue un levantamiento que supuso el destronamiento de Carlos V y el inicio de la Primera República. B. Fue un levantamiento que supuso el destronamiento de la reina Isabel II y el inicio del Sexenio Democrático. C. Fue un levantamiento que supuso el destronamiento de Fernando VI y el inicio de la Segunda República'.
